viernes, 5 de agosto de 2011

ESA VIEJA COSTUMBRE DE SECTORES DEL PODER JUDICIAL DEL CHACO

Desde al inicio de la actural gestión de gobierno se ha denunciado desde el Instituto de Colonización la escasa colaboración de sectores del Poder Judicial, que responden a la inercia marcada por años por el Superior Tribunal, para con la defensa de la tierra pública.
Salvo algunas pocas Fiscalías, como el caso de la doctora Fanny Zamateo de Saenz Peña entre otras, no existe compromiso por investigar para terminar con prácticas de apropiación ilegal y saqueos como se pretende en estos tiempos.

El caso del desalojo ordenado en perjuicio de una familia ocupante de tierras estatales de un paraje de Hermoso Campo dispuesto por la justicia provincial, desató una fuerte controversia y la intervención inmediata del gobierno y en especial del Instituto de Colonización ante lo que consideran el avasallamiento de atribuciones propias del organismo.
Esto generó la presentación en la jornada de ayer de una acción judicial para suspender la medida y notificar que nunca solicitaron desalojo alguno, por lo que la actuación que realizaron viola las atribuciones de Colonización.
La presentación la llevó adelante el presidente del organismo, Raúl París, en la ciudad de Charata, lugar al que acudió con el abogado de la entidad, haciendo mención a la gravedad del hecho y los pasos que se están dando.
El funcionario explicó que la justicia intentó desalojar a una mujer y su hijo discapacitado de un predio de 30 hectáreas del paraje El Ñandubay, acción solicitada por una persona a la que “Colonización jamás le otorgó la posesión ni la tenencia legítima de la tierra”.
“Esto se origina con la rescisión de una adjudicación en el 2009 por parte del entonces presidente Branco Capitanich -por violaciones a la ley de tierra- a partir de la venta de la adjudicación por fuera de Colonización y donde es ese comprador el que después peticiona el pedido de desalojo”.

El caso Recordó que Colonización, al conocer la venta de la adjudicación, procedió a la rescisión de la misma, la que fue apelada y posteriormente desestimada por el organismo; pero también el comprador interpuso un “recurso jerárquico en subsidio” que el gobernador Jorge Capitanich desestimó en diciembre de 2010, quedando las tierras nuevamente en posesión de Colonización.
“Días antes de la presentación del recurso de revocatoria efectuado por el gobernador, el comprador hizo una denuncia penal por supuesta usurpación de Hilda Gómez, que desde hace tiempo habitaba ese predio. Esta denuncia la hizo ante el fiscal penal de Charata, Hugo Baigorri, quien consideró que había usurpación y ordenó el desalojo, aunque el abogado de la señora presenta el decreto del gobernador diciendo que son tierras de la provincia”.
París dio cuenta de que “la jueza de garantía consideró la apelación y dio lugar al recurso presentado por el letrado de Hilda Gómez, retrotrayendo todos los efectos, por el cual el fiscal, teniendo pleno conocimiento de que son tierras de la provincia, procedió nuevamente a efectuar una apelación ante la Cámara Penal de Resistencia”.
“Lo llamativo del caso es que la Cámara dio lugar al desalojo, el cual pensaban concretar el último miércoles, por eso pusimos todo el andamiaje administrativo y jurídico para frenarlo, y hoy, por ayer, estamos en Charata para presentar la suspensión de la medida y notificar a la justicia que las tierras en cuestión son de la provincia y por lo tanto no había elemento probatorio válido suficiente para acreditar la existencia de un desalojo. Para que haya un desalojo el que tiene que pedirlo es el dueño, y tanto Colonización como la provincia no autorizaron ningún tipo de desalojo”.

La presentación El funcionario manifestó que “habría una violación a las atribuciones de Colonización porque el único organismo responsable de determinar la existencia de ocupantes o adjudicatarios legales o ilegales, es el propio organismo que actualmente conduzco. Este es un caso muy grave porque entendemos que no se puede avasallar las atribuciones que la ley le confiere al Instituto”.
Ratificó que presentaron ante la juez de garantía la suspensión de esta medida y notificando al Poder Judicial que “los que tienen la legitimación activa son lo dueños de la tierra que en este caso es Colonización, por lo que se arbitrará por las vías correspondientes las investigaciones para determinar la responsabilidad de esta situación en las esferas judiciales. Están comprometiendo las atribuciones de Colonización como también el patrimonio del erario público”.